Es realmente terrible lo que avalaron tanto el Senado como en comisiones en la Cámara de Diputados para reformar la Ley de Amparo, eliminando la protección que nuestra Constitución otorga a los ciudadanos contra los abusos de autoridad. De aprobarse, le daría al Presidente un poder absoluto contra el que no habrá recurso jurídico alguno que valga, dejando a los ciudadanos a merced del capricho del gobernante en turno.

En realidad son dos las amenazas a las garantías individuales consagradas en nuestra Constitución que están por desaparecer con medidas que han contado con la sumisión total no sólo de los legisladores, sino de la candidata del oficialismo, quien sobre la reforma a la Ley de Amparo ha dicho que es necesaria porque "se abusa" de él.

Por supuesto que jamás se podrá abusar de un recurso legal laudado en el mundo como es el amparo, pues protege al ciudadano contra la tiranía. Y si de "abusos" se trata, es mil veces preferible que se "abuse" a favor de los derechos ciudadanos que a favor del gobernante omnipotente.

Son dos los peligros que corremos, como les decíamos, pues uno es el cambio en la Ley de Amparo, pero otro muy importante es que en noviembre se vence el periodo de un miembro de la Suprema Corte de Justicia.

En lo que va de su reinado, Lopezuma ya ha logrado meter a tres miembros completamente entregados a él y a la Cuarta Transgresión: Esquivel, Ortiz y Batres, y al nombrar el cuarto en noviembre la 4T pronto dominará el veto de la SCJN evitando que ésta pueda declarar inconstitucionales las medidas que aprueben los incondicionales del Tlatoani Tabasqueño, pues se requieren ocho de 11 votos, y a partir de noviembre sólo tendrán siete para impedir cualquier inconstitucionalidad.

Con la reforma, sumada a la incondicionalidad del bloque nulificador en la SCJN, no existirá en México recurso alguno para frenar abusos de la autoridad. Concentrará quien gane la Presidencia un poder legal que no le corresponde, de acuerdo con nuestra Constitución. Ello ya que el amparo está consignado al Poder Judicial como un contrapeso a las decisiones inconstitucionales del Ejecutivo.

Nuestro sistema democrático -como todos en el mundo- está basado en la independencia de Poderes y en el concepto de "frenos y equilibrios". Ello tiene como propósito evitar la creación de un gobernante déspota que se conduzca no como Presidente, sino como rey. Los borreguitos sumisos y lambiscones de la 4T que ejercen como legisladores han instalado en nuestro País un rey disfrazado de Presidente.

Poco o nada importa quién sea la persona que ejerza el Poder Ejecutivo, el problema es que este esquema de una Presidencia Imperial desquicia por completo todos los principios democráticos sobre los que se ha fundado nuestra república. Es el fin de nuestra democracia, pues abre las puertas a otra era del monopolio del poder de un partido y concentra en una persona omnipotente ese poder.

Desgraciadamente, ya se pueden observar asomos de esta mentalidad del absolutismo, de la autocracia, en las actitudes y dichos de la candidata oficial, que a un poco más de un mes de la elección ya siente que ganó la Presidencia y opina de manera sumaria. Dijo ayer, por ejemplo, que el Alcalde de El Mante, candidato por la alianza PRI-PAN a la reelección, asesinado el viernes, no había pedido protección.

Primero, esta aseveración es mentira, porque Noé Ramos pidió al Estado morenista protección, pues había recibido amenazas, y éste no se la dio, y por ello contrató su propia seguridad. Segundo, y lo más importante, ¿quiere decir la candidata que la culpa de haber sido asesinado es del mismo Noé Ramos por no pedir protección? O sea que si no pides protección "está bien que te maten".

¿Y qué dice del candidato de MC a la Alcaldía de Amanalco, en Edomex, quien fue baleado a domicilio? ¿Tampoco pidió protección? Ya cuando le echan la culpa al ejecutado es que rebasaron las fronteras de la cordura y entraron a territorios kafkianos, lo cual se facilita cuando sus súbditos les entregan hincados todo el poder.