La corrupción durante las elecciones
Deberían explicarnos nuestros políticos por qué se inculpan con singular donaire, pero dentro de sus acuciosos planes y propuestas no se trata el problema de la corrupción con la enjundia e interés que debería ser enfrentado.
Si analizamos con cuidado la dinámica de campañas electorales, en general, podremos encontrar que todas se basan en descubrir las irregularidades y conductas de los candidatos contrincantes, en las cuales se adviertan signos de corrupción.
Este pernicioso fenómeno que experimentan todas las sociedades es definido como “el abuso del poder conferido, para obtener beneficios privados”. Se trata de una traición a la propia comunidad. Los políticos no entienden que ocupar un cargo público, veda el dedicarse a hacer negocios. Contundente: no se vale hacer negocios desde el poder.
En la dura confrontación electoral, la ciudadanía ve volar acusaciones por todos lados. Sorprende contar con tanta información e identificar la cantidad de abusos de muchos gobernantes y las fallas de nuestros representantes en los congresos. Pero luego todo se acalla y la vida continúa hasta el próximo periodo de elecciones.
El índice flamígero de los candidatos que denuncian corrupción indica la podredumbre dentro de la administración gubernamental, los permisos y licencias obtenidos bajo el cuatismo por los empresarios asociados, los sobreprecios de los contratos de servicios y obras públicas, bajo la cobertura de compañías constructoras y muchas veces de los colegios de arquitectos e ingenieros. La manipulación de la fiscalización estatal, ante la mirada cínica de los colegiados en contaduría pública, para imponer a contralores a modo y realizar auditorías tramposas.
El dilema se presenta en la incongruencia de las múltiples acusaciones y la inacción de los órganos encargados de mantener un sistema funcional anticorrupción: la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas (STRC), la Fiscalía General, el Poder Judicial, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Auditoría Superior del Estado, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IACIP), la Alianza de Contralores y el Comité de Participación Ciudadana que preside el Comité Coordinador de toda la organización. Si en estos momentos de elección nos enteramos de tantas audacias de los deshonestos, ¿por qué durante los largos periodos de gestión regular no observamos múltiples fincamientos de responsabilidades y denuncias penales en contra de funcionarios desleales? Guanajuato parece tierra de santos. Nadie peca.
Deberían explicarnos nuestros políticos por qué se inculpan con singular donaire, pero dentro de sus acuciosos planes y propuestas no se trata el problema de la corrupción con la enjundia e interés que debería ser enfrentado. ¿Qué planteamientos concretos hemos oído de las tres candidatas a gobernadora para combatir con eficacia la corrupción que se ha desbordado desde las cúpulas de los gobiernos? La STRC, por ejemplo, brilla por su ausencia. Del ambiente de transparencia, mejor ni hablamos. Mucha simulación y poco contenido en las acciones del IACIP. La opacidad campea en Guanajuato.
Vamos más allá, la elección está plagada de testimonios de uso de dineros públicos en las campañas, como el caso de Guanajuato Capital, con un alcalde apoyando a su esposa para que gane los comicios. Otro problema: ¿cómo va a rendir cuentas este abusivo presidente municipal si gana su cónyuge?
Luego viene el condicionamiento y la compra de votos, que es el cáncer de la democracia y no se persigue. Pregunta: ¿por qué el Instituto Estatal Electoral no está incluido en el sistema anticorrupción? ¿Alguien ha visto o conoce al fiscal especial contra delitos electorales? Al parecer Zamarripa lo mantiene oculto y maniatado.
El Tribunal Contencioso Administrativo protege a los ciudadanos, siempre y cuando estos interpongan un juicio. Sin embargo no concentra y procesa el cúmulo de actuaciones antijurídicas que va detectando en las administraciones públicas estatal y municipales. Por ejemplo, el cobro del impuesto predial, aconsejado a los alcaldes por el propio secretario de Finanzas, para que los avalúos obligatorios se realicen de forma automática, en un procedimiento irregular de gabinete sin las valuaciones presenciales que estipula la ley. Cada año se reitera la conducta y los magistrados no denuncian el hecho y exigen a las tesorerías que paren el abuso y todos se ciñan a la norma. Prefieren obligar a los ciudadanos a litigar si desean justicia. Esto también es corrupción.
Un asunto fundamental: sin un sistema anticorrupción que funcione, nunca se podrán construir buenas policías municipales o estatal. La seguridad pública seguirá en vilo, coleccionando extorsiones y asesinatos a carretadas. Debemos entenderlo con claridad: la delincuencia organizada se conserva y multiplica en el ecosistema de podredumbre oficial que muchos políticos han propiciado y el pueblo ha tolerado.
¿A qué se han comprometido las candidatas? ¿Qué han manifestado los miembros de las planillas propuestas para integrar los ayuntamientos respecto al cuidado de la hacienda pública y a mantener una verdadera contraloría? O ya descárense y adviértanos que nada cambiará, que la verdadera intención, de todos, es continuar robando el dinero de los ciudadanos y abusando de los cargos públicos. Hablen claro.
Votamos 24
Opinión en tu buzón
Deja tu correo y recibe gratis las columnas editoriales de AM, de lunes a domingo
