Se ha hablado muy poco de una iniciativa que presentó a finales del año pasado la alcaldesa Alejandra Gutiérrez y que versa sobre la situación que se vive en nuestra ciudad relativa a todas las instalaciones de telecomunicaciones y de conducción de electricidad existentes, o dicho de otra forma, a la anarquía urbana que padecemos en León por el exceso de cables aéreos que conducen electricidad, teléfono, internet y televisión, que cuelgan de postes, torres y construcciones, que representan un riesgo para nuestra seguridad y un daño a la imagen urbana.

Evidentemente esta iniciativa no invade ninguna esfera de competencia federal, ya que el reglamento que se propone aprobar solo pretende regular el uso de la vía pública y construcción en predios privados, pero de ninguna manera entra en la parte sustantiva de las comunicaciones, por lo que no afecta, invalida, limita o restringe los permisos, licencias o concesiones que son competencia federal.

Actualmente, la normatividad municipal no contempla la regulación de la excesiva instalación de cables aéreos por parte de las diversas empresas que prestan distintos servicios, lo que ocasiona que cada proveedor aplique la ley de la selva y se cuelgue de donde quiera y sin cumplir ningún estándar de calidad o seguridad, ya no digamos de estética urbana.

En los próximos días se estará discutiendo y, en su caso, aprobando este nuevo reglamento municipal, el cual traerá diferentes beneficios, tanto a los ciudadanos como a la ciudad en general. Por ejemplo:

Seguridad peatonal y vehicular; al eliminar la presencia de cables en la vía pública, se podrán evitar accidentes, caídas o tropiezos, lo que incrementará la seguridad de peatones y conductores. Estética urbana, pues la eliminación de las marañas de cables aéreos puede mejorar la apariencia visual de la zona y, con ello, constituir un entorno más limpio y ordenado, lo que debe tener un impacto positivo en la calidad de vida de los residentes y visitantes.

Se facilita el mantenimiento de la infraestructura municipal como postes y edificaciones, pues sin cables se hace más sencillo el acceso a los servicios públicos de limpieza, pavimentación y reparación de calles. Menores riesgos de cortes de energía, pues con esta iniciativa se buscará que ahora sea obligatoria la instalación subterránea de cables, lo cual ante eventualidades como fuertes vientos o lluvias reducirá el riesgo de interrupciones en el suministro de energía, y finalmente, de concretarse esta iniciativa, también se tendrá menor riesgo de vandalismo o robo.

Lamentablemente, como en cualquier otra implementación de nuevas obligaciones, la eventual aprobación de esta iniciativa traerá desafíos importantes como la retirada de los cables actuales y su costo, además de las interrupciones en el servicio mientras dura este proceso, por lo que deberá de existir una efectiva coordinación entre las empresas y el Municipio, a fin de causar las menores molestias posibles, pero siempre con la obligación de salvaguardar la integridad de quienes vayan a retirar toda la infraestructura existente, sobre todo la de electricidad.

Para ello, la iniciativa contempla la creación de una ventanilla única en la Dirección de Obras Públicas, para que desde ahí se pueda llevar a cabo la coordinación de todos los trabajos necesarios.

Iniciativas como esta ponen atención en problemáticas que están ahí y con las que convivimos de manera inconsciente, que podrían ser ignoradas por la autoridad con el fin de evitar molestias a los ciudadanos, pero me parece que sería una postura muy cómoda y hasta irresponsable.

La autoridad municipal no debe solo enfocarse en resolver los problemas, sino en prevenirlos; se trata de resolver problemas antes de que lleguen los reclamos.

LALC