Policía Investigadora, no pasa de junio

Aunque en el Congreso del estado ya pidieron licencia 24 de los 36 diputados locales para ir a hacer campaña por la reelección o por otro nuevo puesto público, hay iniciativas que no pueden esperar a ser votadas, en concreto dos: la reforma a la Ley de Contrataciones Públicas y la de Policía Local de Investigación.

La primera se refiere a transparentar los procesos de compras públicas y la segunda a lo que tanto tiempo se ha machacado: el que la Policía estatal y las municipales reciban denuncias y colaboren con el Ministerio Público en la investigación de los delitos.
La iniciativa de Policía Local de Investigación la presentaron apenas este jueves los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política; es decir, cuenta con el respaldo de los cinco partidos políticos representados en el Congreso.

Otro punto a su favor es que su principal promotor, el diputado Martín López Camacho, presidente de la Comisión de Seguridad (a la que fue turnada para su análisis y dictamen), no pidió licencia y está de tiempo completo ocupado en que esta reforma tenga vida lo antes posible.

La prueba es que el mismo día que se presentó se enumeraron los pasos a dar: 30 días hábiles para recibir opiniones de los ayuntamientos y del Ejecutivo estatal y el 28 de mayo habrá reunión de la Convención Legislativa de Seguridad Pública en donde recibirán opiniones de directores de Seguridad Pública, alcaldes, alcaldesas y más. Y se hablará de experiencias exitosas de este modelo.

El propósito es que no pase del mes de junio para que la aprueben los diputados.

Un poco de historia para aplaudir la reforma: En el 2008 se aprobó que las Policías municipales al igual que los Ministerios Públicos se sumaran a las tareas de investigación. Así dice el artículo 21 constitucional: “La investigación de los delitos corresponde al ministerio público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función”.

Pero ni en Guanajuato, ni casi en ningún lado del País, esto pasa. De lo que se trata es de quitar todo pretexto en las leyes locales para que las Policías dejen de actuar solo en flagrancia y sí investiguen. Esto apoyará la lucha contra la impunidad, que es el caldo de cultivo de la violencia que padecemos.

Compras claras

En el tema de contrataciones, fue desde septiembre del 2022 que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción y la Red Ciudadana Anticorrupción presentaron al diputado Víctor Zanella un estudio técnico-jurídico para argumentar la necesidad de una reforma en esta materia.

Hasta el 1 de noviembre de 2023 Zanella Huerta presentó la reforma en representación de los diputados del PAN, la cual fue turnada a la Comisión de Hacienda y Fiscalización que él preside.

La iniciativa plantea crear un Sistema de Evaluación de Proveedores para “asegurar que aquellas personas físicas y morales que fungen como proveedores para el sector público, atiendan las obligaciones que contraen y que exista un procedimiento que permita la evaluación permanente de proveedores para lograr se ofrezcan las mejores condiciones para el Estado”. Así sea.

Pero pasaron 4 meses y medio para que finalmente el 14 de marzo le fijaran el camino a seguir para su análisis, que incluye los 30 días hábiles para recibir opiniones de las autoridades y en la página web del Congreso, después convocar a mesas de trabajo con representantes de la Secretaría de Finanzas, Coordinación General Jurídica, Unidad de Finanzas del Congreso y otra con la Red Anticorrupción.

El detalle es que por andar en campaña, la Comisión de Hacienda quedó en manos de suplentes. El propio Víctor Zanella quiere reelegirse como diputado; Alma Alcaraz anda por la gubernatura y Miguel Ángel Salim, por una diputación federal. Pero eso no tiene porqué importar, los suplentes están cobrando como legisladores y deben sacar esa chamba.  

Al frente de esta Comisión quedó Alexis Flores González, ex asesor de Estudios Fiscales de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas.

La Red Ciudadana Anticorrupción, con el respaldo del Comité Ciudadano Anticorrupción del SEA que encabeza Andrea González Polak, había convocado para una rueda de prensa este lunes 29 con el propósito precisamente de presionar con esta reforma. Al final se canceló, parece que prendieron las alertas en el Legislativo quienes les pidieron otro poquito de paciencia.

Los siete a debatir

Después del foro (no hubo debate) del domingo anterior entre los siete candidatos a la Alcaldía de León, puede que no quedaran ganas de ver otro igual, pero lo habrá: todos han confirmado su presencia para el martes 7 de mayo. 

A la convocatoria de Coparmex León, que comanda Héctor Rodríguez, todos los candidatos han dicho que van: Alejandra Gutiérrez (PAN), Vanessa Montes de Oca (Morena), Juan Pablo Delgado (MC), Gerardo Fernández (Verde), Hilda Zukeyli López (PRI), Karla Gisela Lira (PRD) y Michel Vladimir Santos (PT).

Lo bueno es que será a las 4 p.m. y tendrá una duración de 1 hora 45 minutos. Prometen un formato más ágil que el organizado por el Instituto Estatal Electoral. 

Al igual que fue con las dos candidatas a la gubernatura que participaron en el debate de Coparmex: Libia García y Yulma Rocha, los aspirantes a la Alcaldía de León también firmarán el documento de “Exigencias Ciudadanas”, que redactaron los grupos empresariales agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial de León que preside Roberto Novoa; Concamin Bajío con Ismael Plascencia y el Observatorio Ciudadano de León, que dirige Mayra Legaspi.

Las exigencias para León se centran en dos temas, seguridad y agua:
-Reducción en un 50 % en los homicidios en los primeros tres años.
-Creación de Organismos Operadores Metropolitanos con Gobernanza Ciudadana.

Son los compromisos que firmaron Libia y Yulma, además de otros en materia laboral y de energía que no aplican en lo municipal. El debate del 7 de mayo se centrará en seguridad y agua. 

Morena, a contrapelo 

Hay una constante en los dos registros que el Consejo General del IEEG ha rechazado a Morena en estas dos últimas semanas: el de Juan Miguel Ramírez Sánchez como candidato a Presidente Municipal de Celaya y el de Bárbara Botello como candidata a diputada local plurinominal indígena. 

Esa constante es: la falta de apego a la normatividad y los procedimientos electorales por parte del partido, que han sido la razón por la cual se han dado los rechazos a dichas candidaturas. Aunque en la primera, el Tribunal Electoral haya terminado ayer, por darles la razón.

En el caso de Juan Miguel Ramírez Sánchez fue porque al sustituir a una mujer, Gisela Gaytán -asesinada el 1 de abril-, quien fuera designada en su lugar también debería haber sido mujer. 

El cumplimiento al principio de paridad de género, uno de los que más pesan en la legislación electoral de nuestro País, es algo que el representante de Morena ante el IEEG debería saber como una prioridad y así advertir a sus dirigentes estatales: Adriana Guzmán Cerna y Jesús Ramírez Garibay.

Al final el Tribunal, que clasifica con otros criterios más garantistas, dio el “sí” para que el exrector arranque campaña, aunque esta sea un mes después.

El otro caso, el de Bárbara Botello, sobre quien pesan tres denuncias penales, es más grave. El martes 23, AM conoció que Morena había solicitado su registro ante el IEEG como candidata a diputada local plurinominal indígena en el lugar número 3 de la lista.

Sin embargo, ese día, este diario también investigó que hasta esa fecha en el IEEG no se tenía ningún documento o expediente que acreditara dicha calidad, según informaron fuentes del Instituto Electoral. 

Era evidente que desde ese día ya tenía perdida esa pretendida candidatura. ¿Por qué? Por dos razones. 

La primera, porque el plazo para registrar esas candidaturas había vencido el 17 de abril; es decir, seis días antes. Si para ese entonces no habían cumplido con los requisitos, era difícil que lo hicieran después. El cumplimiento de los plazos es algo básico en cuestión electoral. La forma.

Y la segunda: “Que para que haya una adscripción calificada significa que no basta que ella diga que es indígena, sino que debe presentar un documento por alguna autoridad municipal; por ejemplo, que diga que ella es indígena. Porque así lo marca la Suprema Corte y la Sala Superior”, explicaron dichas fuentes. El fondo. 

Es decir, para entonces ninguno de los tres representantes de Morena ante el IEEG, que se turnan indistintamente la asistencia a las sesiones: Miguel Ángel Armenta, Luis Ernesto Barbosa y Luis Miguel Reyes, se había dado cuenta de los requerimientos, o los ignoraron, o no quisieron contestarlos o no les dieron importancia y pensaron que podrían seguir con su registro sin problemas. 

Efectivamente, la situación se confirmó el viernes 26, cuando el Consejo General del IEEG rechazó el registro de Bárbara Botello por no haber presentado documentos que acreditaran “fehacientemente y de manera inequívoca” que era indígena. 

Un señalamiento importante en el acuerdo aprobado, leído por la secretaria ejecutiva, Indira Rodríguez, fue que se le requirió al partido en tres ocasiones, en diferentes días y los dos primeros no fueron atendidos. Solo al tercero contestaron, con un documento de una organización que anotó que la expriista había colaborado con esta en actividades, no así que fuera indígena. 

Otro punto importante que también precisó Rodríguez durante la sesión del IEEG fue que “subieron” los requerimientos al sistema electrónico del Instituto. Y ahí está el punto: lo más seguro es que ninguno de los tres representantes de Morena ante el IEEG vieron dichos requerimientos. 

Solo el último lo vieron y lo contestaron con una carta que no acreditó que la exalcaldesa sea indígena. 

En el colmo del incumplimiento, Luis Miguel Reyes dijo en la sesión del viernes que cuando se dieron cuenta el jueves, de que el proyecto de acuerdo sobre la candidatura de Bárbara Botello era de rechazo, presentaron un documento al IEEG, a las 10:53 de la noche para tratar de subsanar los requisitos. Literalmente al cuarto para las 12. Ingenuamente pidió que lo tomaran en cuenta.  
Obvio, al ser extemporáneo dicho documento, del cual no precisó cuál era su contenido, no podía ser tomado en cuenta para esa sesión, le respondió Brenda Canchola, presidenta del IEEG.

Que alguien les diga 

Irresponsabilidad o negligencia o desconocimiento de la norma, los procedimientos y los plazos electorales por parte de los representantes morenistas ante el Consejo General del IEEG: Miguel Ángel Armenta, Luis Ernesto Barbosa y Luis Miguel Reyes. O todo junto. 

Todo lo descrito anteriormente son cuestiones técnicas de simple cumplimiento de las normas, plazos y procedimientos electorales. Eso fue lo que ocasionó los rechazos a las dos candidaturas mencionadas, atribuibles únicamente a Morena. No a una imaginaria animadversión del IEEG contra ese partido, como han repetido en innumerables ocasiones los morenistas. 

En el caso de Bárbara, ya anunció que irá al Tribunal. Habrá qué ver qué resuelve.

Lo cierto es que Morena necesita políticos profesionales y de tiempo completo, que se pongan a estudiar la legislación y normatividad electoral, que conozcan los procedimientos y calendarios y obliguen a sus dirigentes y candidatos a cumplirlos. 
Dinero para contratarlos tienen, porque son el segundo partido que más financiamiento público recibe del propio Instituto Electoral en Guanajuato. 

 

RAA