Esta semana se presentaron dos hechos que afectan directamente la voluntad del Ayuntamiento de nuestra ciudad para tratar de solucionar dos problemas importantes que tiene León, uno de ellos decidido por el Congreso del Estado de Guanajuato, y el otro por el Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato (IACIP).

El primero de ellos, y sin duda el más importante, se dio cuando la cámara de diputados local aprobó la ley de Ingresos para el Municipio de León, pero rechazando la iniciativa que había aprobado el Ayuntamiento de nuestra ciudad para inhibir o desalentar el excesivo consumo de agua potable, mediante la aplicación de tarifas más altas.

Los sabiondos de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas, que dependen de los diputados, dicen que la propuesta enviada por el cabildo leonés, en el caso de las tarifas aplicables para los altos consumidores de agua, sobrepasan el ajuste de recuperación tarifario por encima de la inflación, ¡pues claro, de eso se trataba! de castigar con una tarifa más cara a quienes desperdician el agua lavando sus cocheras, llenando sus albercas, o regando sus amplios jardines con agua potable.

El dictamen que aprobaron los diputados solo dice que hicieron el análisis correspondiente y que se determinó modificar nuestra propuesta para que quedara como ellos querían, pero evidentemente no anexaron ningún “análisis”. Nuestros legisladores nunca quisieron o nunca tuvieron la capacidad de entender que la iniciativa aprobada en el Ayuntamiento leonés estaba enfocada en tratar de enfrentar con medidas extrafiscales la fuerte escasez que tiene nuestra ciudad del vital líquido.

Está claro que la resolución del Congreso del Estado se dio más sustentada en una cuestión caprichosa que en un criterio de racionalidad y cuidado del agua, es decir, sucumbieron a la tentación del populismo fiscal, por encima de la preocupación de todos los habitantes de León.

Y luego, por el otro lado, tenemos la postura que esta semana asumió el IACIP para ponerle piedritas al proyecto de las fotomultas que busca reducir el exceso de velocidad en la ciudad, al “recomendar” al Municipio que tome en cuenta una posible vulneración de la protección de datos personales de los ciudadanos.

La recomendación sería bienvenida si nuestro Municipio no hubiera tomado las medidas necesarias para salvaguardar esta información, pero sobre todo para justificar su uso. Para ello el municipio firmó un convenio con el SATEG, que es el órgano encargado de recopilar y custodiar esta información, en donde se acredita con toda claridad las facultades legales y normativas que nuestra ciudad tiene para obtener esta información de los ciudadanos infraccionados.

Pero lo más importante es que se garantiza que la empresa que estará a cargo de la generación de las fotomultas en ningún momento tendrá acceso a los datos personales, puesto que, de acuerdo al proceso establecido, la empresa genera las infracciones y las remitirá al Municipio para que este valide la información respecto al registro vehicular, con la finalidad de que las sanciones puedan ser notificadas al domicilio donde se encuentra registrado el vehículo.

No deja de llamar la atención que estos dos hechos se hayan dado en la misma semana, con argumentos equivocados o sin analizar el contexto normativo aplicable, algo que no es aceptable en ninguna entidad pública. Dicen que en política no hay coincidencias, pero si hay consecuencias, y es aquí donde entra ese pequeño detalle que significa no alinearse y ser rebelde (yo diría congruente) con las líneas o posturas oficiales, que puede ser uno de los orígenes de todo esto.