(Primera parte)

“Siento rabia”, decía un amigo después de que durante cuatro años buscó un permiso para poner una gasolinera sin tener éxito.

“He tratado de digerir el problema pero no lo supero”. El empresario quería construir una estación de servicio distinta, con triple utilidad: venta de gasolina, diesel y cargadores eléctricos en la carretera México-Querétaro. Quería hacer un restaurante de buena calidad, un remanso con sala de juegos. Imaginaba un lugar de esparcimiento familiar. Todo en un solo sitio. 

Cada mes esperaba la publicación de las concesiones de la CRE (Comisión Reguladora de Energía). A cuenta gotas salían algunas, pero la suya nunca. No importaba que tuviera todo en regla: permisos de uso de suelo, proyecto ejecutivo de su estación y carril de desaceleración con la autorización de la Secretaría de Comunicaciones. 

Tenía listo el ahorro y el crédito bancario para la inversión. Al principio tuvo contacto con empresas de diferentes “banderas”. La española Repsol y Valero, la texana. Luego le dijeron que el presidente no quería gasolineras extranjeras. Con la “bandera” de Pemex saldría el permiso. Parecía cierto porque la publicidad inicial de Pemex era “por rescatar la soberanía energética”.  Puro cuento. 

En México apenas hay  una gasolinera de las cuatro que hay en Estados Unidos por habitante. La razón no es que seamos un país tercermundista, Guatemala tiene el doble de gasolineras por habitante que México. La razón viene desde la época en que el PRI controlaba los permisos como dádivas o prebendas. Regresó el PRI con Morena.

La libertad de emprender en ese negocio se dio en el sexenio anterior cuando quedaron abiertas las puertas a las petroleras internacionales como Mobil, Shell, Valero, BP o Gulf, entre otras. Se abrió la competencia en precios y servicios. 

La rabia del empresario la deben tener también otros, como  quienes invirtieron en estaciones Shell y están construidas pero cerradas. Al empresario del Bajío le dijeron que el permiso, sí salía, era mediante una mordida de medio millón. Nos recordó que desgraciadamente la corrupción sigue igual o peor, comenzando por el huachicol fiscal, que muchos gasolineros aceptan para hacer más negocio o bien para no enfrentarse al crimen organizado. 

Cuando el empresario supo que Rocío Nahle, la ex secretaria de Energía había otorgado cien permisos a una cadena de gasolineras llamadas ServiFácil, lo comprendió todo. La complacencia del presidente López Obrador ante la enorme corrupción de sus funcionarios, solapa una nueva “mafia en el poder”. 

Todo lo que publica Carlos Loret de Mola en Latinus y las investigaciones periodísticas de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) tenían fundamento. La prueba estaba en la mesa. La proporcionó un ciudadano ejemplar en Veracruz, Arturo Castagne, quien dio cuenta del departamento que tiene la candidata de Morena en San Pedro, Nuevo León. Un depa de 28 millones “comprado” al dueño de las cien concesiones otorgadas. 

Ahora esa rabia que sienten muchos empresarios porque ninguna denuncia funciona, se convirtió en activismo a favor de la opositora Xochitl Gálvez y en contra de todo lo que sea Morena. 

En corto le digo que sólo faltan 147 días para el fin del sexenio. El resultado de la elección no está asegurado para nadie y muchas cosas pueden cambiar en cuatro semanas. Su consuelo, nos dice, es que se destapó el enorme tráfico de influencias ante la oscuridad en todo lo que hizo este gobierno. 

**Votar es ir contra la corrupción**

Por Enrique Gómez Orozco

Escrito en Opinión el 6/5/2024 · 06:00