La demanda presentada esta semana ante el gran jurado del distrito sur de Texas con sede en Houston en contra del representante Henry Cuéllar, salpica a personajes importantes de México que actuaban a favor de uno de los magnates más controvertidos del país, Ricardo Salinas Pliego. 

Los delitos, ejecutados entre 2015 y 2019, incluyen fraude, soborno, asociación ilícita, lavado de dinero y actuar como funcionario a favor de dos agentes extranjeros: Banco Azteca, de México y SOCAR, de Azerbaiyán. Cuéllar es una pieza importante de los demócratas en un estado gobernado en los últimos años por republicanos. Por lo cual, muchos, acostumbrados a los escándalos desatados en México, podrían alegar persecución política. Sin embargo, al revisar la demanda, que está disponible en línea, es fácil determinar que la fiscalía dispone de suficientes pruebas para iniciar un proceso en su contra. La investigación fue tan acuciosa que hasta corrige errores de redacción y ortografía inglesa de las comunicaciones de Cuéllar con sus sobornadores mexicanos, algo humillante si pensamos que se trata de regiomontanos de noble cuna.

La fiscalía determina que Banco Azteca, parte del conglomerado Elektra de Ricardo Salinas Pliego, a través de una filial de medios establecida en California (que no podría ser otra que Azteca América) giró $540.000 dólares a lo largo de tres años, sobre la base de un contrato con una empresa intermediaria cuyo prestanombres hizo contacto con Luis Niño de Rivera, a la sazón presidente de Banco Azteca, y un diputado federal por el estado de Nuevo León entre 2012-2015, que presumiblemente era su hijo, el actual candidato por el PAN a la misma curul, Homero Niño de Rivera. 

La fiscalía presenta conversaciones entre 2014 y 2016 previas a la firma del contrato por “consultoría estratégica y servicios de asesoramiento”. Los fondos llegaban en algunos casos desde España y se depositaban en la cuenta del intermediario, quien se quedaba con una parte como contraprestación, y giraba otra al asesor de campaña de Cuéllar, quien a su vez tomaba su tajada y transfería el resto a la cuenta de Imelda Cuéllar. La trama incluía empresas fantasma y la contratación de los hijos de Cuéllar, con una remuneración mensual de 2.000 dólares, sin realizar ninguna contraprestación por ello.

¿Qué intereses tenía Banco Azteca? A través de Cuéllar buscaron incidir en la legislación de los Estados Unidos en dos aspectos: detener la legislación regulatoria de los préstamos “payday” o préstamos rápidos, con los que las filiales de Banco Azteca obtienen altos intereses. También, buscó evitar la promulgación de la S.1883, Ley de lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la falsificación de 2019. En el primer caso tuvieron éxito, a comienzos de 2016, con la ayuda de Cuéllar se firmó la H.R. 4018, Ley de Elección y Protección del Consumidor, que prohibió a la Oficina de Protección Financiera del Consumidor regular los créditos rápidos por dos años.  

Sin embargo, la presión de Cuéllar, incluso a niveles de la Reserva Federal, no tuvo resultados, y tras la regulación impuesta en los Estados Unidos en 2019 (cuando ya se había vencido el contrato de tapadera con Cuéllar), la empresa de Salinas Pliego buscó modificar la legislación mexicana, a través de un proyecto del senador Ricardo Monreal, para que los dólares en efectivo que recibía Banco Azteca fueran comprados por el Banco de México. Esta última legislación pasó en el Senado, mas no en la Cámara. 

Las sospechas sobre lavado de dinero, que le han impedido a Banco Azteca encontrar un banco corresponsal en los Estados Unidos persisten. Y la pregunta siguiente es, si las autoridades mexicanas, tanto bancarias como de procuración de justicia, realizarán algún tipo de investigación paralela de este lado de la frontera por los delitos que pudieron cometerse. Aunque para ello necesitaríamos autoridades realmente interesadas en combatir el soborno, la usura, la asociación ilícita y el lavado de dinero.

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Por Jaime Panqueva

Escrito en Opinión el 6/5/2024 · 06:00