En una democracia que no sea una simulación, el voto es un asunto muy importante para los ciudadanos. Es deber de los habitantes de comunidades evolucionadas y modernas, elegir representantes luego de reflexionar profundamente sobre a quién se le entregará la voluntad individual que se exprese en las urnas, para que asuma un cargo público.

Es tan importante la cuestión, que nuestras sociedades han construido instituciones que se encargan no solo de las minucias de organizar bien una elección, contando votos y regulando a los partidos políticos y candidatos, sino de lo más importante: promover la educación cívica de los ciudadanos y orientarlos en el ejercicio de sus derechos y sus obligaciones. Para ello existe la Dirección de Cultura Política y Electoral establecida en el artículo 102-IV, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guanajuato.

Sin fomentar la conciencia ciudadana, su vinculación con la dignidad que los derechos fundamentales otorgan a los individuos para convertirlos en ciudadanos, las instituciones electorales no cumplirán su tarea fundamental. Y es que, pasmados, observamos a un Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), atribulado por las faenas secundarias, olvidando al eje de su función: el ser humano y sus preciados atributos ontológicos. Sorprende cómo no hay una intensa campaña para informar a la ciudadanía que comprar el voto es un delito electoral, aparte de que se les despoja del ejercicio de su libertad individual. El partido en el poder en Guanajuato Capital ha tenido, en las pasadas elecciones, el descaro de intercambiar calentadores solares por votos, en la vecina comunidad en donde se encuentra enclavado el propio IEEG. Nadie vio nada.

Poco a poco la institución electoral guanajuatense se ha convertido en un ente burocratizado, conducido por funcionarios que han dejado a un lado los ideales, para convertirse en expertos en menudencias reglamentarias. Hoy, de nuevo, han permitido a los partidos políticos desorientar a la ciudadanía haciéndola creer que elegirán a un presidente municipal, que regirá a su arbitrio los destinos de su municipio. No han sido capaces de informar al pueblo, que en realidad será gobernado por un Ayuntamiento (Art. 115-I de la Constitución), y que la elección local es compleja, pues el presidente municipal y los síndicos se eligen por el principio de mayoría, mientras que los regidores son electos por el principio de representación proporcional. A mayor cantidad de votos, más regidores para el partido que más acopie. ¿Cuántos guanajuatenses saben esto? ¿Cuántos ciudadanos creen que el alcalde es una especie de emperador pueblerino dueño del pueblo o ciudad, capaz de secuestrar a toda la administración pública, obligándola a llevar a cabo cuanta ocurrencia le venga en gana? Parece que algunos oficinistas no están haciendo su chamba.

Para tomar su decisión al momento de sufragar, el ciudadano requiere del conocimiento puntual de la gestión de sus autoridades. Para eso se inventó la transparencia, para que las personas puedan tener datos ciertos de cómo se han conducido sus políticos en los cargos públicos, y así decidir su voto ahora que hay reelección. Lo dejo o lo quito. Esta situación cambia completamente la ratio de un proceso electoral. 

El votante en León, por ejemplo, primero deberá decidir si continúa con los funcionarios (presidente municipal, síndicos y regidores) que aspiren a reelegirse, o los cambian por otros negándoles el voto. Luego habrá que decidir por quiénes sustituirlos. Estamos ante un proceso más complicado que una elección entre puras candidaturas de estreno. 

De conformidad con el artículo 92 de la Ley Electoral, deberán realizarse debates entre candidatos, por lo menos uno. En estos escarceos verbales, el IEEG ha fallado. La presentación de sus litigios públicos entre competidores se ha reducido a interrogatorios, en los  que todos los candidatos deben ir respondiendo una pregunta general. Así, el primer postulante deberá responder a botepronto, mientras que los demás tienen tiempo para preparar mentalmente su réplica. Esto es injusto e inequitativo.

Como ya lo hemos comentado en este espacio, no hay verdaderos debates porque no se formulan cuestionamientos que provoquen la discusión de ideas entre los aspirantes. Deberían de introducirse preguntas de estudiantes, periodistas y especialistas, sobre los argumentos y propuestas que vayan presentando los debatientes, para forzar la crítica entre los antagonistas.  De otra forma, acartonados, todos los aspirantes solo se dedicarán a presentar sus farragosos planes.

El tema de las candidaturas a diputados da para otro editorial que exponga el desastroso papel de amanuenses del Ejecutivo, que algunos personajes que hoy pretenden la reelección han representado sin decoro. Son vergüenza legislativa, pero insisten en continuar.

Por Carlos Arce Macías

Escrito en Opinión el 28/4/2024 · 06:00