Las acusaciones públicas sobre Amílcar Olán, el amigo tabasqueño de Andy y Bobby López Beltrán, hijos del presidente, inundan las redes sociales. El joven empresario surgido en la camada sexenal de nuevos ricos, tiene mucho que explicar a la opinión pública y a la justicia sobre sus negocios con el gobierno.

Desde las primeras grabaciones expuestas por Carlos Loret de Mola en Latinus, la voz impetuosa de Olán ordena que no quiere cuentas al surtir medicinas en Quintana Roo. Habla como si fuera el patrón o, mejor dicho, como si tuviera el bastón de mando del hijo del patrón.

Al menos tres conversaciones incriminatorias debieron hacerlo hablar desde hace meses. Cualquier empresario legítimo con empresas establecidas y negocios decentes con el gobierno, debería responder de inmediato ante las grabaciones. Pudo negar su voz, pudo decir que es un montaje, pudo decir cualquier cosa para tratar de zafarse de las acusaciones de tráfico de influencias. Guarda silencio. Todo es real. Todo es cierto.

En la última entrega de Loret de Mola del miércoles pasado sube la gravedad y escala de las grabaciones. Sugiere sobornos a militares y aprovechamiento de las obras en el Tren Maya. Si antes Olán había dicho que sobornaba al laboratorio de materiales que daba por bueno el balasto malo, ahora sugiere que uno de los militares ejecutivos de la obra, está metido en la corrupción.

Loret califica de “escalofriantes” las grabaciones donde se presume que hay una asociación delictuosa para repartir prebendas a quienes asignan las obras. Acusan al general Gustavo Vallejo, el encargado de construir el Aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya.

Dentro de la grabación, Olán dice que el precio de las compras las ponía el general y luego le daban su “remanente”. Esta última grabación debería de movilizar a todo el Ejército, la Secretaría de Hacienda y a la Fiscalía General de la República. También al general Vallejo porque lo deshonran si lo que dice el amigo de Andy y Bobby son mentiras.

Desde que inició el año, los reportajes de Loret no han sido rebatidos ni contestados. Lo único que hace el presidente y su candidata es decir que los hijos del presidente son honestos. En cambio Latinus aporta contratos e información fidedigna de la obra. Recordemos que los ingenieros del Ejército construyeron el AIFA en tiempo récord y con un sobreprecio entendible por las prisas. Sin embargo en el Tren Maya se atoraron, multiplicaron por cuatro el presupuesto inicial y ocultaron todos los contratos que se realizaron sin licitación.

Si en este sexenio no se abren las cuentas y se explican las compras del gobierno y del Ejército, será imposible que la próxima presidenta aguante la presión de que transparente todo. En la obra pública todo se puede medir, todo puede contabilizarse porque hay precios unitarios, hay estándares de costos. Podrán inflar un 5 o 10% las obras, pero cuando se avientan con hasta el 70% de sobreprecio -como presumimos que lo hace Amílcar Olán y sus socios- los chipotes aparecen por todos lados. Por algo corrieron al auditor federal, Agustín Caso Raphael, quien contabilizó en 331 mil millones de pesos el costo de destruir el aeropuerto de Texcoco. Sabía demasiado.

Si no hay respuesta en el Ejército, si no habla el general Vallejo, será la aceptación tácita de la forma de operar de “los verdes”, como les dice Amílcar. Si una sola persona pone el precio de las cosas, todo puede suceder. En silencio.

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