Por Emiliano Rodríguez Mega, Alan Feuer y Natalie Kitroeff de The New York Times en exclusiva para AM Guanajuato

Funcionarios de la ley estadounidenses indagaron durante años afirmaciones de que aliados del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se habían reunido con cárteles del narcotráfico y recibido millones de dólares luego de que asumió el cargo, según consta en registros de EU y de acuerdo con tres personas con conocimiento del tema.

La investigación, que no se había informado anteriormente, descubrió información que apuntaba a posibles vínculos entre poderosos agentes de cárteles y asesores y funcionarios mexicanos cercanos al presidente mientras gobernaba el país.

Pero Estados Unidos nunca abrió una investigación formal sobre López Obrador y los funcionarios involucrados finalmente archivaron la investigación. Llegaron a la conclusión de que el gobierno de Estados Unidos tenía poco interés en presentar acusaciones contra el líder de uno de los principales aliados de Estados Unidos, dijeron las tres personas familiarizadas con el caso, que no estaban autorizadas a hablar públicamente.

López Obrador calificó las acusaciones de “completamente falsas” en respuesta a preguntas del New York Times el jueves. Dijo que la noticia de la investigación no afectaría “de ninguna manera” la relación de México con Estados Unidos, pero dijo que esperaba una respuesta del gobierno estadounidense.

“¿Esto disminuye la confianza que el gobierno mexicano tiene en Estados Unidos?” dijo López Obrador en una conferencia de prensa habitual y agregó: “El tiempo lo dirá”.

Los cárteles de la droga se han infiltrado durante mucho tiempo en el Estado mexicano, desde los niveles más bajos hasta los niveles más altos del gobierno. Pagan a la policía, manipulan a los alcaldes, cooptan a altos funcionarios y dominan amplias zonas del país.

Pero si bien los recientes esfuerzos de los funcionarios estadounidenses identificaron posibles vínculos entre los cárteles y los asociados de López Obrador, no encontraron ninguna conexión directa entre el propio presidente y las organizaciones criminales.

Los funcionarios estadounidenses se negaron a hacer comentarios.

Gran parte de la información recopilada por funcionarios estadounidenses provino de informantes cuyos relatos pueden ser difíciles de corroborar y, en ocasiones, terminan siendo incorrectos. Los investigadores obtuvieron la información mientras investigaban las actividades de los cárteles de la droga, y no estaba claro cuánto de lo que les dijeron los informantes fue confirmado de forma independiente.

Los vínculos de aliados de AMLO con el crimen organizado

Por ejemplo, los registros muestran que un informante les dijo a los investigadores que uno de los confidentes más cercanos de López Obrador se reunió con Ismael Zambada García, un alto líder del Cártel de la droga de Sinaloa, antes de su victoria en las elecciones presidenciales de 2018.

Una fuente diferente les dijo que después de la elección del presidente, un fundador del notoriamente violento Cártel de los Zetas pagó 4 millones de dólares a dos de los aliados de López Obrador con la esperanza de salir de prisión.

Los investigadores obtuvieron información de una tercera fuente que sugería que los cárteles de la droga estaban en posesión de videos de los hijos del presidente recogiendo dinero de los cárteles de la droga, según muestran los registros.

López Obrador negó todas las acusaciones hechas por los informantes.

Los agentes del orden estadounidenses también rastrearon de forma independiente los pagos de personas que creían que eran operadores de cárteles a intermediarios de López Obrador, dijeron dos de las personas familiarizadas con la investigación.

Al menos uno de esos pagos, dijeron, se realizó aproximadamente al mismo tiempo que López Obrador viajó al estado de Sinaloa en 2020 y conoció a la madre del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como “El Chapo” y que ahora cumple cadena perpetua en una prisión federal estadounidense.

Hace más de una década, una investigación separada dirigida por la DEA descubrió acusaciones de que los traficantes habían donado millones a la fallida campaña presidencial de López Obrador en 2006. Esta investigación, que fue detallada por tres medios de comunicación el mes pasado, se cerró sin cargos. 

Complicado para EU presentar cargos penales

Para Estados Unidos, presentar cargos penales contra altos funcionarios extranjeros es una tarea rara y complicada. Construir un caso legal contra López Obrador sería particularmente desafiante. La última vez que Estados Unidos presentó cargos penales contra un alto funcionario mexicano, finalmente los retiró después de que su arresto provocó una ruptura diplomática con México.

La administración de Biden tiene un enorme interés en gestionar su relación con López Obrador, a quien se considera indispensable para contener un aumento de la migración que se ha convertido en uno de los temas más polémicos de la política estadounidense. Es una gran preocupación para los votantes en el período previo a las elecciones presidenciales de este otoño.

México también es uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos y el colaborador más importante en los esfuerzos de Estados Unidos para frenar el cruce de drogas ilícitas como el fentanilo por la frontera sur.

Las agencias policiales estadounidenses tienen jurisdicción para investigar y presentar cargos contra funcionarios de otros países si pueden demostrar una conexión con los narcóticos que cruzan la frontera hacia los Estados Unidos.

Si bien es poco común que agentes estadounidenses persigan a altos funcionarios extranjeros, no es algo sin precedentes: el juicio por drogas de Juan Orlando Hernández, ex presidente de Honduras, comenzó esta semana en el Tribunal Federal de Distrito en Manhattan.

El caso contra Genaro García Luna

Los fiscales federales de Nueva York también consiguieron el año pasado una condena por corrupción contra Genaro García Luna, exsecretario de seguridad pública de México, persuadiendo a un jurado de que había aceptado millones de dólares en sobornos de cárteles violentos a los que se suponía debía perseguir.

Si bien los esfuerzos para escudriñar a los aliados de López Obrador ya no están activos, la revelación de que funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Estados Unidos estaban examinando silenciosamente acusaciones de corrupción en su contra podría ser en sí misma perjudicial.

Los informes de los medios del mes pasado, incluido uno de ProPublica, sobre una investigación estadounidense sobre las donaciones de campaña de 2006 (para una elección que él no ganó) provocaron una tormenta en México.

López Obrador denunció públicamente las historias, dando a entender que tenían como objetivo influir en las elecciones presidenciales del país en junio, en las que su protegida, la exalcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, lidera la carrera para reemplazarlo. Sugirió que los informes podrían complicar las conversaciones sobre migración y fentanilo con el gobierno de Estados Unidos, y dijo que consideraba no recibir al asesor de seguridad nacional del presidente Biden para una reunión planeada en la capital mexicana.

“¿Cómo vamos a estar sentados en la mesa hablando de lucha contra las drogas si ellos, o una de sus instituciones, están filtrando información y haciéndome daño?” dijo López Obrador en una conferencia de prensa habitual días después de la publicación de las historias.

Después de que el presidente Biden llamó a López Obrador para calmar las tensiones, el ministro de Relaciones Exteriores mexicano dijo que el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos le dijo a México “que este es un tema cerrado para ellos”.

La administración Biden ha manejado a López Obrador con mucho cuidado, evitando las críticas públicas y enviando repetidamente a altos funcionarios a la Ciudad de México para reunirse con él y presionar en privado para que se apliquen medidas migratorias sostenidas.

El caso general Salvador Cienfuegos Zepeda

La decisión de dejar inactiva la reciente investigación, dijeron personas familiarizadas con ella, se debió en gran parte al fracaso de un caso de corrupción separado y altamente polémico. En los últimos meses de la administración Trump en 2020, funcionarios estadounidenses presentaron cargos contra el general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien se desempeñó como secretario de Defensa de México de 2012 a 2018.

En una acusación federal, revelada en Nueva York después de una investigación de varios años denominada “Operación Padrino”, los fiscales acusaron al general Cienfuegos de utilizar los poderes de su cargo para ayudar a un grupo criminal violento llamado cartel H-2 a llevar a cabo sus operaciones de narcotráfico.

Su arresto en el aeropuerto de Los Ángeles provocó furor dentro del gobierno mexicano, particularmente entre los líderes de las fuerzas armadas del país, que han asumido mayores responsabilidades y poder bajo el gobierno de López Obrador.

El presidente dijo que los cargos fueron “fabricados” y su administración publicó más de 700 páginas de comunicaciones interceptadas por agentes estadounidenses que pretendían mostrar actividad criminal pero que no fueron concluyentes.

La DEA, que ya tenía un historial accidentado como protagonista de una guerra contra las drogas considerada sangrienta e inútil, sufrió un tremendo golpe en su relación con el gobierno mexicano.

Apenas unas semanas después de que se produjera el arresto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, bajo una fuerte presión de López Obrador, dio marcha atrás y desestimó la acusación, enviando al general Cienfuegos de regreso a México.

El episodio no solo dañó acuerdos de seguridad de larga data entre los dos países, sino que también dejó una profunda impresión en los agentes del orden al norte de la frontera, muchos de los cuales vieron el caso fallido como una advertencia sobre la realización de esfuerzos similares contra otros funcionarios mexicanos de alto rango.

c.2024 The New York Times Company