Por: Mathieu Tourliere de Agencia Proceso en exclsuiva para AM

Ciudad de México.- Junto con las aduanas terrestres y marítimas, el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó a la Sedena y a la Marina la operación de otro fideicomiso ajeno al control civil y a las obligaciones de transparencia: el FACLA, el cual disponía hasta el año pasado de 113 mil millones de pesos provenientes de las tarifas aduanales.

Ambas instituciones castrenses han tomado más de 800 millones de dólares para adquirir escáneres con rayos X y Gamma destinados a las aduanas del país. La empresa beneficiaria es la estadounidense Rapiscan, luego de que Washington presionó al gobierno de la 4T para que vetara a la compañía china Nuctech.

En diciembre de 2021 López Obrador entregó, por decreto presidencial, la administración de 21 aduanas terrestres a la Sedena –19 de ellas en la frontera con Estados Unidos–, la administración de 17 aduanas marítimas a la Semar, y el control de 12 aduanas interiores a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), una institución que él mismo creó en julio de 2021 y que responde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Con ello, el mandatario quitó la gestión de las aduanas al Servicio de Administración Tributaria (SAT), con el argumento de que estaban plagadas por la corrupción. Pero la transición no sólo tuvo un carácter administrativo, sino financiero: además de ceder a los militares el control de los vaivenes de personas y mercancías en el país, el presidente ofreció a la Sedena y la Semar la operación de facto del Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera (FACLA), un instrumento creado en mayo de 2004 en el cual se amasan los miles de millones de pesos producto del cobro de comisiones a los agentes aduanales que operan en los puntos fronterizos.

Según un informe elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en febrero de 2022 –y consultado por Proceso entre los millones de documentos internos de la Sedena hackeados por el colectivo Guacamaya–, el FACLA disponía de 113 mil millones de pesos y era presidido por la SHCP. Sus gastos, aprobados por un comité técnico, estaban etiquetados para la operación y la infraestructura de las aduanas.

La SHCP planteó que, de los 113 mil millones de pesos previstos entre 2022 y 2024, 28 mil 100 millones de pesos se gastarían para modernizar las aduanas, mientras que 53 mil 615 millones de pesos se invertirían para financiar algunas “obras prioritarias” de la administración de López Obrador: 28 mil millones de pesos fueron aprobados para el Tren Transístmico y otros proyectos del Istmo de Tehuantepec; 21 mil 399 millones de pesos para la “frontera norte”, 3 mil 927 millones de pesos para el Proyecto Integral de Guaymas; mil 20 millones de pesos para el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y 500 millones de pesos para el Tren Maya.

En otras palabras: la Sedena y, en menor medida, la Semar disponen de un otro fideicomiso multimillonario. De hecho, el poder castrense ha escapado a la política de cesación de fideicomisos implementada durante el sexenio de López Obrador: al 31 de diciembre de 2022, la Sedena disponía de 42 mil 433 millones de pesos en su Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar –con el que compra armamento, vehículos y material tecnológico–, mientras la Semar seguía manejando 17 mil 586 millones de pesos en el Fideicomiso de Administración y Pago.

Caja grande del Ejército

En los hechos, el gobierno vació de su sustancia el FACLA y lo convirtió en una caja grande, en la cual la Sedena y la Semar pueden agarrar recursos para sus proyectos.

Lo hizo mediante una estrategia para quitar a la SHCP el control de los recursos del FACLA y entregarle a las Fuerzas Armadas: el gobierno creó, al interior del FACLA, tres fideicomisos públicos de Administración y Pago para la Contratación de Servicios y Obra Pública (Fapas); entregó uno de ellos a la Sedena, otro a la Semar y un tercero –anecdótico– al SAT. Estos Fapas, a su vez, pueden sacar dinero del FACLA para invertir en proyectos, y desde el 3 de marzo de 2022 sus administradores –es decir, los militares– pueden operar sin la autorización del Comité Técnico del FACLA. Bajo este esquema, en los Fapas se deciden los gastos y toman dinero del FACLA.

Así, durante la tercera sesión extraordinaria del Comité Técnico del Fapas-Sedena, que se llevó a cabo el pasado 15 de agosto, participaron solamente militares y un solo empleado –civil– de Nacional Financiera; en esa reunión, los uniformados decidieron las asignaciones de cientos de millones de pesos para obras en puertos fronterizos, incluyendo mil 614 millones de pesos para las aduanas de la frontera norte.

La discrecionalidad en el uso de los recursos quedó exhibida en un documento que el general Salvador Fernando Cervantes Loza, entonces titular de la Dirección General de Ingenieros de la Sedena, envió a Fabiola Córdova Almaraz, coordinadora de Operaciones Bancarias en la Tesorería de la Federación (Tesofe). En este documento, el militar instó a la funcionaria civil que autorice a la Sedena la apertura de una cuenta bancaria en Banco Nacional del Ejército Fuerza Aérea y Armada (Banjército) para gastar los recursos multimillonarios del FACLA, los cuales, agregó, “no se consideran federales”.

Presión desde Washington

La Semar fue la primera en romper el cochinito del FACLA. Con la necesidad de renovar los escáneres de contenedores de las aduanas marítimas, la Semar lanzó el año pasado un procedimiento para una contratación multimillonaria.

A pesar de que la dependencia pretendió llevar a cabo la operación de manera oculta –mediante una adjudicación directa amparada bajo el concepto de seguridad nacional–, la información sobre la licitación empezó a filtrarse en columnas de negocios, especialmente para atacar a una de las posibles contratistas: la empresa Nuctech, creada en 1997 en la Universidad Tsinghua, en China, y tiene entre sus distribuidores en México a las empresas Seguritech Privada, S.A. de C.V. –empresa de Ariel Picker Schatz, un hombre muy vinculado al círculo del expresidente Enrique Peña Nieto–, LTP Global Software e Ingeniería Operativa, S.A. de C.V.

Nuctech no era una empresa desconocida en el entorno aduanal y castrense de México. Al igual que los demás proveedores internacionales –como Rapiscan o Astrophysics– había vendido sus máquinas a la ANAM mediante diversos procesos de licitaciones en 2021; en 2022 la institución entonces dirigida por Horacio Duarte Olivares adjudicó directamente dos contratos a empresas vendedoras de Nuctech: uno de 495 millones de pesos a LTP para instalar escáneres en el AIFA y otro de mil 364 millones de pesos a Seguritech para dar mantenimiento a máquinas instaladas en aduanas.

El gobierno de Estados Unidos vio con malos ojos la relación comercial del gobierno mexicano con Nuctech y presionó al gobierno mexicano para expulsar a la empresa china, bajo el argumento de que las máquinas de rayos X podrían convertirse en herramientas de espionaje para el gobierno de China, en lugares estratégicos como los puertos de entrada del país.

El 22 de abril de 2022, el Departamento de Estado envió un informe de inteligencia a la Sedena donde advertía de los vínculos entre Nuctech y el gobierno chino, y sobre las prácticas de dumping y de corrupción –incluyendo de soborno– llevadas a cabo por la empresa para conseguir contratos.

Apenas 10 días más tarde, el 2 de mayo, el propio embajador Ken Salazar acentuó la presión, mediante una carta que mandó al canciller Marcelo Ebrard Casaubón para impedir futuras adquisiciones de material de Nuctech.

En esta carta –que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) descubrió entre los millones de archivos internos de la Sedena hackeados por la Sedena–, Salazar expresó a Ebrard la “creciente preocupación” de la administración de Joe Biden ante los planes de adquirir equipo de escaneo y seguridad de ciertas entidades estatales chinas para el uso de funcionarios de la Agencia Nacional de Aduanas, la Sedena y la Semar, en lugares que incluyen el AIFA, la refinería de Dos Bocas y en 11 puertos marítimos”.

En la misiva, Salazar urgió a Ebrard a que, “en el espíritu de nuestra actual y futura relación como socios”, el gobierno mexicano no se deje llevar por el “precio más bajo” de la tecnología china y compre en su lugar los escáneres a “proveedores confiables y probados”, insistiendo en los fabricantes estadunidenses Astrophysics, Leidos y Rapiscan.

“Gracias por su atención a este importante asunto”, escribió Salazar para cerrar su carta, que envió en copia a seis secretarios de Estado del gabinete de López Obrador y a cuatro secretarios de Estado de Joe Biden.

La presión de Salazar funcionó. Cuando columnas de negocios sugirieron que la Semar se estaba decidiendo por Nuctech, la institución frenó el proceso de adjudicación y el tema se apagó, hasta que el pasado 17 de enero la empresa estadunidense OSI Systems, que controla Rapiscan, anunció que recibió un contrato de más de 200 millones de dólares de un “cliente internacional”, que era la Semar.

Licitaciones multimillonarias

Posteriormente le tocó a la Sedena generar expectativas con contratos millonarios del FACLA.        

En noviembre de 2022 lanzó una licitación para instalar 187 bandas y escáneres de rayos X destinados a vigilar personas, maletas y palets de carga en las 21 aduanas terrestres que opera la Sedena.

La institución castrense desechó las propuestas económicas de todas las empresas que presentaron ofertas, excepto las de Ingeniería Operativa y Provetecnia, que ganaron las tres partidas de la licitación por 48 millones 340 mil dólares, equivalentes a 926 millones 430 mil pesos, a pesar de que eran mucho más elevadas que las de sus competidores, incluyendo la empresa alemana Rohdes & Shwarz de México. Según un actor del sector consultado por Proceso, Ingeniería Operativa y Provetecnia pertenecen al empresario José Ignacio Cañedo Figueroa y a sus hijos, Jonathan y Alejandro Cañedo Cantú.

Acto seguido, la Sedena lanzó una nueva convocatoria, esta vez para desmantelar viejos sistemas de rayos Gamma en las 21 aduanas terrestres y sustituirlos por 170 nuevos sistemas de rayos X –conectados a centros de monitoreo–, capaces de vigilar tráileres, trenes, autobuses y carros individuales. En la convocatoria, la Sedena aseveró que el sistema deberá ser compatible e interoperativo con el de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), lo que descartó de entrada la entrega del contrato a Nuctech.

Aunque estuvo interesada, la empresa estadunidense Leidos considero que los plazos para la instalación de los sistemas –a más tardar el 30 de noviembre de 2023– eran imposibles de cumplir, por lo que no envió propuesta. Sólo dos licitantes enviaron propuestas para las seis partidas: Nuctech, en alianza con LTP Global Software y Cruant, mandó una oferta por 11 mil 747 millones de pesos, y la estadunidense Rapiscan envió una por 731 millones 852 mil dólares, que ronda los 14 mil millones de pesos.

Al igual que en el caso de la Semar, en los días previos a la difusión del fallo –que estaba previsto para el 6 de marzo, pero se pospuso al viernes 17–, se multiplicaron las columnas de negocios que señalaban las presuntas preferencias de la Sedena por un proveedor u otro, esparciendo noticias negativas sobre empresas competidoras y sugiriendo actos de corrupción.

La Sedena dio finalmente a conocer su fallo en la tarde del 17: desechó por completo la propuesta de Nuctech, y adjudicó cuatro de las seis partidas a Rapiscan, por 612 millones 125 mil dólares. Las dos partidas restantes, que en la propuesta de la estadunidense valían más de 100 millones de dólares, no fueron contratadas, por lo que la Sedena podrá adjudicarlas directamente y aplicar sus propios criterios para elegir al proveedor.

JRL

Por Apro

Escrito en Nacional el 19/3/2023 · 11:35