Fiscalía de CDMX pidió a Telcel registro de llamadas de opositores y miembros de Morena: NYT
De acuerdo con la información revelada por el Times, la fiscalía dijo que requería esa información en relación con investigaciones de secuestros y desapariciones.
Por Maria Abi-Habib, Natalie Kitroeff y Emiliano Rodríguez Mega, de The New York Times, en exclusiva para AM Guanajuato
La Fiscalía de Ciudad de México solicitó los registros telefónicos de políticos y funcionarios, según consta en expedientes. Algunas de las personas vigiladas dicen que se les siguió por razones políticas.
Una destacada ex candidata presidencial (Lilly Téllez); el encargado de las aduanas del país (Horacio Duarte); al menos tres alcaldes de la capital (entre ellos Santiago Taboada, de Benito Juárez). La lista incluye a poderosos integrantes del gobierno de México. Según consta en registros judiciales, todos fueron vigilados hace poco por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).
Al menos 14 expedientes judiciales revisados por The New York Times muestran que la Fiscalía indicó a la mayor empresa de telecomunicaciones del país, Telcel, que entregara registros telefónicos y de mensajes de texto, así como datos de localización de más de una decena de funcionarios y políticos mexicanos destacados.
Telcel reconoció en un documento judicial, revisado por el Times, que había recibido los requerimientos y entregado los registros, que abarcaban desde 2021 hasta este año. La vigilancia incluyó tanto a opositores como a miembros de Morena.
¿Qué buscaba la Fiscalía en los registros telefónicos?
“Esta institución no espía a personajes políticos ni a ninguna persona”, dijo la Fiscalía. “Por el contrario, investiga con fines exclusivamente jurídicos”.
A pesar de estas negativas, un juez federal dijo este año que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México había solicitado a Telcel que entregara los registros. La valoración del juez se incluyó en una demanda contra la Fiscalía presentada por Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, en la Ciudad de México, que fue nombrado en los 14 requerimientos.
Algunas de las personas nombradas en los requerimientos dicen que la verdadera razón por la que se les señaló es porque son blancos políticos: víctimas de un abuso de poder más amplio y sistémico.
Una tradición ilegal
El sistema de justicia se está empleando en contra de los políticos, aseguró Santiago Taboada Cortina, el alcalde que presentó la demanda de amparo. Taboada, integrante del Partido Acción Nacional, planea presentarse como candidato a la jefatura de gobierno de la capital en las elecciones del próximo año.
El político derechista comentó que no era “normal” que esto sucediera como resultado de sus aspiraciones. En los casos de emergencia en donde hay una vida en peligro, como en los secuestros, la legislación mexicana permite que los investigadores obtengan de inmediato los registros telefónicos sin una orden.
Sin embargo, los fiscales están obligados a obtener una orden de un juez federal a las 48 horas de hacer el acercamiento a las empresas de telecomunicaciones, algo que la fiscalía no hizo. En los registros judiciales, los abogados de Telcel aseguraron que jamás recibieron una orden de un juez federal para entregar los registros telefónicos solicitados. Telcel no desmintió los dichos de la dependencia.
Espían también a los de casa
Taboada fue objeto de vigilancia en 2021, pero no fue sino hasta un año después que un amigo lo alertó al contarle que en la FGJCDMX lo estaban investigando. Alarmado por la noticia, presentó una demanda para obligar a que la fiscal general de Ciudad de México, Ernestina Godoy, y Telcel respondieran a la acusación.
En el expediente vinculado a la demanda, Telcel reconoció que había brindado los registros telefónicos de Taboada a la Fiscalía capitalina en respuesta a 14 requerimientos vinculados a secuestros y a la Fiscalía del estado de Colima por otro.
En los requerimientos también se incluían decenas de otros números telefónicos, indicó Telcel, entre ellos los de personalidades de Morena y algunos de sus opositores.
En los documentos judiciales, la fiscalía de Colima indicó que había solicitado a Telcel los registros telefónicos luego de que una persona anónima brindara su número, y el de otros usuarios, en conexión con un caso local de secuestro. Los funcionarios de Colima dijeron que esa línea de investigación no había brindado nada de relevancia y que habían procedido a destruir los registros telefónicos.
En la misma demanda, la Fiscalía de Ciudad de México negó haber solicitado los registros telefónicos de Taboada, que rechazó cualquier participación en los secuestros.
‘Es abuso de autoridad’
Las empresas de telefonía tienen la obligación legal de colaborar con las autoridades, “pero también tienen la capacidad de rechazar las peticiones abusivas”, dijo García. No obstante, estas empresas dependen de las licencias gubernamentales y a menudo cumplen más de lo debido con los requerimientos, tal vez, por temor a represalias, afirmó.
No es la primera vez que una fiscalía haya podido hacer mal uso de su poder. En 2016, la fiscalía general de México solicitó en secreto los registros telefónicos de una abogada de derechos humanos, una periodista de investigación y una antropóloga forense que investigaban la masacre de 193 personas, arguyendo que las mujeres estaban vinculadas a una indagatoria de secuestro.
El monitoreo ordenado por los fiscales manda un mensaje, dijo Ana Lorena Delgadillo, la abogada que fue objeto de vigilancia en 2016: que puede usarse el sistema de justicia penal contra los defensores, los periodistas, los expertos y los opositores y que, añadió, no habrá consecuencias.
En el caso más reciente, Telcel también entregó los datos telefónicos de Horacio Duarte, un militante de Morena, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México entre 2020 y 2021.
También fueron monitoreadas, según los expedientes revisados por el Times, la senadora Lilly Téllez, hasta hace poco una de las principales aspirantes de la oposición a la presidencia de la república, así como Alessandra Rojo de la Vega, ex legisladora y crítica acérrima de Claudia Sheinbaum, la ex jefa de gobierno de Ciudad de México y candidata presidencial del partido gobernante en las elecciones presidenciales del próximo año.
La FGJCDMX acusó a Rojo de la Vega de delitos electorales el año pasado. La ex legisladora dijo era una venganza política por oponerse a las políticas de Sheinbaum. El caso fue desestimado posteriormente por una jueza.
Un portavoz de Sheinbaum, quien era jefa de gobierno de la capital en el momento en que se solicitaron los registros telefónicos, declinó hacer comentarios.
Molesta por el monitoreo, Rojo de la Vega dijo que ese tipo de vigilancia debería ser utilizado más bien para investigar a los verdaderos criminales. Afirmó que esa debería ser la labor de la fiscalía, pero que estaban ocupados persiguiendo a la gente que los incomodaba.
Téllez y Rojo de la Vega, cuyos datos de telefonía celular fueron solicitados en siete ocasiones en 2021 y en 2022, negaron cualquier involucramiento en casos de secuestro.
Los fiscales también requirieron los datos telefónicos de Dolores Igareda, alta funcionaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de Ricardo Amezcua, integrante de la Judicatura de la Ciudad de México. Ninguno respondió a este reportaje.
Mientras tanto, Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de la Ciudad de México, espera ser ratificada en su cargo en las próximas semanas.
RSV
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