¡Drones y aviones de lujo! Fiscalía encuentra un desfalco de 3,290 mdp en la gestión de Murillo Karam como procurador
Aunque en ninguno de los casos por corrupción está directamente denunciado, la FGR ha tendido un cerco en torno a su círculo más cercano de colaboradores.
A la par de los asuntos por tortura, desaparición forzada y obstrucción de la justicia, la Fiscalía General de la República (FGR), que encabeza Alejandro Gertz Manero, ha armado nueve expedientes en contra de antiguos colaboradores de Jesús Murillo Karam por malos manejos de recursos públicos que ocasionaron un daño al erario por 3,290 millones de pesos (unos 187 millones de dólares), de acuerdo con un informe al que tuvo acceso El País.
Aunque en ninguno de esos casos por corrupción está directamente denunciado el que fuera titular de la Procuraduría General de la República entre 2012 y 2015, durante la administración del priista Enrique Peña Nieto, la FGR ha tendido un cerco en torno a su círculo más cercano, empezando por quien fuera su oficial mayor en la PGR, Judith Aracely Gómez Molano. En total, 12 exfuncionarios han sido denunciados por posible desvío de recursos, compras de bienes a sobreprecio, robo de dinero en efectivo y contrataciones manipuladas para beneficiar a empresas favoritas.
Casi todos los denunciados han sido vinculados a proceso, es decir, el juez encontró elementos convincentes de los delitos que les carga la Fiscalía y están a la espera de sentencias, de acuerdo con el informe consultado por este periódico. Entre los acusados en estos expedientes por corrupción también se encuentra Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), prófugo en Israel y acusado de tortura y desaparición en las causas sobre el caso Ayotzinapa.
Los otros colaboradores de Murillo Karam denunciados por corrupción son Vidal Diazleal Ochoa, que fue director de la Policía Federal Ministerial; el capitán César Gustavo Ramírez Torralba, exdirector adjunto de Apoyo Ministerial y Telecomunicaciones; José Antonio Ramos Arévalo, exdirector de Servicios Aéreos; el capitán Humberto Ántimo Rivera, exdirector de Seguridad Institucional; Débora Schlam Epelstein, exdirectora de Programación y Presupuesto (y hoy funcionaria en la Secretaría de Economía); Gustavo Armando Kanaan Brito, exdirector de Recursos Materiales; Rigoberto Gabino García Ocampo, exdirector de Información sobre Actividades Delictivas; José Luis Gutiérrez Ayala y Zacarías Conzuelo Reza, ambos exdirectores en la Oficina del Procurador, y Daniel Piña Romo, exdirector en la Oficialía Mayor.
Los sobres rojos
Otras dos carpetas de investigación involucran a Tomás Zerón. La Fiscalía indaga un pago de 250 millones de pesos a la empresa offshore Duritz Holdings Limited para una supuesta compra de equipos de intercepción de telecomunicaciones. La compañía tiene sede en Gibraltar, un paraíso fiscal, y el pago se hizo a una cuenta en Suiza. Los investigadores no hallaron los equipos en el inventario de la PGR, de modo que presumen que Zerón los extrajo de la dependencia para instalar un centro personal de espionaje. La segunda carpeta es por el pago de 852 millones de pesos en contratos a las empresas Acumen Telecomunicaciones S.A. de C.V. y Vans y Suvs de Lujo S.A. de C.V. para adquirir camionetas y sistemas de intercepción de comunicaciones. El plan de esa compra era instalar los equipos de espionaje en los vehículos, a fin de tener unidades móviles de escuchas. Los bienes fueron entregados a la PGR, pero permanecieron en bodegas y no se utilizaron. Estos pagos se hicieron con cargo a la partida de Gastos de Seguridad Pública y Nacional.
Drones y aviones de lujo
Existen otras dos carpetas por diversas contrataciones en la gestión de Murillo Karam con valor de 112.3 millones de pesos, por supuestas compras de equipo que no fue entregado por los proveedores, lo que configura un desvío de recursos efectuado, como en otros casos, con cargo a la partida de Seguridad Pública y Nacional. Además, la Fiscalía ha incluido en estas investigaciones por corrupción la compra del malware Pegasus, por el que la PGR pagó 460 millones de pesos. En ese expediente, la Fiscalía involucra a Zerón, a la extesorera Aracely Gómez y a otros dos exfuncionarios en los delitos de peculado, fraude, asociación delictuosa y uso indebido de atribuciones. El caso Pegasus sigue otra vertiente judicial por las escuchas ilegales a periodistas y activistas, una tradición de espionaje ilegal iniciada en el Gobierno de Peña Nieto y continuada en la Administración de Andrés Manuel López Obrador.
La influyente Oficial Mayor
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