Ciudad de México.- Aunque aseguró que su partido no presentaría una propuesta de reforma electoral, Rubén Moreira, coordinador del PRI en San Lázaro, presentó una iniciativa para castigar hasta con 30 años de prisión a los candidatos, partidos o funcionarios electorales que permitan la participación del crimen organizado en los comicios. 

La propuesta que modifica cuatro leyes y el Código Penal Federal, propone sancionar como miembros de la delincuencia organizada a quienes se coludan para utilizar recursos de procedencia ilícita en el ámbito electoral y clasifica como imprescriptibles los delitos relacionados con la intervención del crimen organizado en los procesos electorales. 

"Se castigará con 15 a 30 años de cárcel a la persona candidata, precandidata, funcionaria partidista, funcionaria electoral o servidor público que por omisión o acción, permita la participación del crimen organizado en procesos electorales", señala la iniciativa.

De acuerdo con ésta, la autoridad electoral también podrá imponer sanciones a partir de los reportes emitidos por el Observatorio Electoral y/o el Comisionado Electoral, entre las que se encuentran la cancelación del registro de la candidatura, fórmula o partido, negarle al partido o agrupación política su participación en el proceso y el retiro del financiamiento de campaña cuando se trate de partidos, coaliciones y candidatos independientes.

Cuando un candidato o candidata presente evidencia de que no tenía conocimiento sobre la colusión con organizaciones delictivas, podrá optar por presentarse como un candidato sin partido. 

Adicionalmente, sugiere que ante casos como el atentado a un candidato, los Congresos locales puedan iniciar el procedimiento de disolución del gobierno municipal. 

"Cuando se acredite la presencia del crimen organizado en campañas electorales o se atente contra la vida de un candidato, los Congresos locales de los Estados podrán iniciar el procedimiento de disolución del gobierno municipal, en términos de los establecido en las leyes y conforme lo plantea la Constitución", indica. 

El coordinador priista plantea también obligar a los partidos políticos a destinar hasta el 10 por ciento de sus prerrogativas de radio y televisión a difundir propuestas en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico y prohíbe a candidatos y candidatas promover, programar o difundir expresiones sociales, culturales, gráficas o musicales que hagan apología del delito o alusión a indicios de injerencia de asociaciones delictivas. 

De acuerdo con la exposición de motivos, durante los procesos electorales de 2020 y 2021, se contabilizaron 239 incidentes que pueden ser ligados a células criminales, así como 26 incidentes en casillas de 11 estados. 

Estos ataques, afirma, pretendían impactar en el desarrollo de los comicios y reducir la afluencia del voto en algunas de las localidades.

Para 2022, agrega, la Fiscalía de Delitos Electorales informó que entre septiembre de 2021 y junio de este año, se recibieron 29 denuncias previas a la jornada electoral y 30 durante los comicios. A ellas se sumaron alrededor de 243 denuncias por el presunto involucramiento de organizaciones criminales. 

Moreira afirma que estos datos reflejan el avance del crimen organizado y su normalización dentro de las actividades políticas, de ahí que resulte elemental fortalecer a la autoridad electoral, proteger los valores democráticos y a las instituciones en su totalidad. 

Además del Código Penal Federal, la iniciativa de Moreira modifica la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley Federal de Delincuencia Organizada.

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FRG

Por Agencia Reforma

Escrito en Nacional el 4/11/2022 · 23:59

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