León, Guanajuato.- A un mes de que se cumplan tres años de la detención de 22 mujeres tras una marcha feminista en León, el 22 de agosto de 2020, las que denunciaron detención arbitraria siguen pidiendo al Gobierno municipal una disculpa pública que les satisfaga.

Esto, a pesar de que el entonces alcalde Héctor López Santillana, el 8 de marzo de 2021, emitió una disculpa donde mencionó que “el comportamiento institucional no fue acorde con los compromisos y principios que queremos establecer en la comunidad”.

Pero sin acordar previamente con las mujeres que protestaron y dando por sentado que ellas iban a aceptarla, cosa que no ocurrió.

Ahora, se negocia con la Secretaría del Ayuntamiento un nuevo proceso de disculpa pública, algo que esa oficina confirmó de forma escueta y que las afectadas plantean para agosto, en el marco del aniversario.

El 22 de agosto de 2020, cientos de mujeres participaron en una manifestación contra dos agentes municipales que cometieron abusos contra una joven, Evelyn, unos días antes.

Concluida la marcha, 22 mujeres fueron detenidas en los alrededores y más allá de la Plaza Expiatorio, y cuatro reporteras denunciaron agresiones y obstrucción a su labor.

En febrero de 2021, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) determinó que sí se violentaron los derechos de las manifestantes: de libertad de reunión y de expresión, a la libertad, la integridad y al derecho de las niñas, niños y adolescentes.

Sus recomendaciones incluyeron iniciar procedimientos para deslindar responsabilidades de los funcionarios que intervinieron o debieron hacerlo en la detención, traslado y custodia de las jóvenes, incluyendo a la jueza cívica que atendió los ingresos a separos.

Específicamente, al secretario de Seguridad, Mario Bravo Arrona, se le asignó coordinar la reparación integral del daño.

 

Derecho a la protesta

 

El hecho del 20 de agosto de 2020 en León se incluyó en el informe de Amnistía Internacional (AI) “La Era de las Mujeres”, donde se documentaron violaciones a derechos humanos que cometieron agentes policiales en cinco manifestaciones que ocurrieron en México ese año.

Edith Olivares Ferreto, la directora ejecutiva de AI, detalló que en esta protesta se documentó uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y violencia sexual contra las manifestantes, incluyendo actos de tortura sexual contra menores de edad.

Por ello, reconoció la gran voluntad de las víctimas al mantener su exigencia a lo largo de tres años, lo que no es fácil para mujeres que han sido reprimidas y que además fueron estigmatizadas por el Municipio de León y el Gobierno del Estado.

El Gobierno municipal emitió una disculpa pública que no fue concertada con las víctimas ni fue satisfactoria para ellas, por ello es que las hemos acompañado en la exigencia de que un acto de disculpa pública solo puede ser reparador cuando las víctimas están satisfechas”.

También celebró la capacidad política de las afectadas al acceder a que la autoridad con mayor envergadura en el municipio, es decir, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez, sea quien encabece la nueva ceremonia.

 

Reparación del daño

 

Una activista por los derechos de las mujeres que pidió no ser identificada y que forma parte de las personas que denunciaron a agentes de la Policía de León, explicó en entrevista con AM que ha sido un proceso muy desgastante.

Ha sido bien agotador juntar mi vida personal, mi trabajo y además atender todas las reuniones que se han hecho estos tres años con el Municipio y ver cómo se van prolongando las fechas de la reparación (del daño)”, dijo.

En este trayecto, ella agradeció el invaluable apoyo de Amnistía Internacional (AI) a ella y las otras cuatro víctimas que mantienen su denuncia.

Con la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAV) han analizado medidas de reparación integral del daño: pagos de la atención psicológica derivada del hecho, pago de cosas materiales rotas o robadas, así como medidas simbólicas.

Nosotras propusimos un monumento o una placa, algo para conmemorar el acto del derecho a la manifestación. Ya está el trato. Con el Ayuntamiento se habla de terapias psicológicas pero actuales”.

La activista leonesa explicó que las reuniones se realizan en un ambiente de respeto pero “tibio”, sin avances reales y sin la presencia de algún mando policiaco, por lo que han tenido que poner ultimátums.

“Llevamos ya tres años y nada más no se avanza, ni una cosa ni otra. Estamos urgidas de acciones.

“De las recomendaciones, (las autoridades) nos dijeron que eso nada más son como puntitos a tratar, que había cosas que no les correspondían y solo iban a cumplir muy firmes lo de la No Repetición”.

 

Los saldos

 

Hoy día, la activista considera: “la Policía en León es nefasta, es prepotente, es violenta. Por el simple hecho de decir que es policía para mí es una persona que no es de confianza”.

“Los veo en la calle y prefiero cruzarme, prefiero rodear a donde no estén presentes, no toparme para nada con una patrulla, prefiero retirarme, con la precaución de anotar números y placas, porque uno nunca sabe con ellos”.

Sin embargo, exhortó a la población a denunciar los delitos, “sabemos que es un proceso bien cansado, pero hay que hacerlo”.

En tanto que la directora ejecutiva de Amnistía Internacional afirmó: “las mujeres vamos a seguir ocupando las calles porque nuestra causa es legítima”.

LALC