Irapuato, Guanajuato.- Un amparo en el Juzgado Noveno de Distrito del Décimo Sexto Circuito con sede en Irapuato, logró la primera suspensión provisional en contra del decreto por el que se incorpora la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Es un fallo a favor del primero de 53 amparos colectivos que se han interpuesto entre los meses de septiembre y octubre en varias ciudades del país, en contra de la militarización de México y a fin de que se declare inconstitucional dicho decreto.

Esta suspensión provisional por el decreto publicado el pasado 9 de septiembre, es el resultado del amparo 1161/2022 promovido el día 26 del mismo mes de septiembre por tres organizaciones civiles: Uniendo Caminos México, Fuerza Ciudadana y Unión Cívica 1 País, con el apoyo de los despachos de abogados: Firma Jurídica, Tojil Eeek y el Corporativo AC AC Asociados.

Joan Ochoa Sada, de Firma Jurídica, quien además es activista irapuatense precisó que el decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación como modificaciones a la Ley de la Administración Pública Federal y a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Permanentes, todos en materia de seguridad nacional.

Que quiere decir que sacaban de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la Guardia Nacional y la adhirieron a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

"Como nosotros ya lo veníamos siguiendo desde el proceso legislativo, decidimos mandar el amparo, la elaboración del amparo lo tomamos con las palabras de los ministros de la Suprema Corte, cuando resolvieron el tema de la ley de seguridad interior, en 2018. De ahí sacamos mucha de la estructura para este amparo", manifestó el abogado.

En el año 2020 el presidente Andrés Manuel López obrador sacó un decreto para poner a las fuerzas armadas en tareas de Seguridad Pública.

"Lo extraordinario que salió de esta resolución es que normalmente cuando son temas que tienen que ver con el interés público no se puede otorgar suspensión, precisamente nosotros ni siquiera la invocamos, pero la jueza (Karla María Macías) detectó una serie de omisiones en el proceso legislativo y ella considera suspender la ley; es una suspensión con efectos para toda la República, hasta en tanto no se resuelva el amparo”, afirmó Ochoa Sada.

El abogado que participó en la promoción del amparo, dijo que no están en contra de la militarización de México, puesto que considera que hoy no hay ni un ciudadano en el país que confíe que sus policías municipales puedan hacerle frente al crimen organizado.

Lo que estamos en contra es que se utilice a las fuerzas armadas para tareas coordinadas o para tareas de ayuda a las fuerzas públicas civiles, como en este caso a las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado o a la Policía Municipal.

"Además hay muchas cuestiones que están omitiendo los legisladores, por ejemplo, el tema de presunción de inocencia, debido proceso; cuando aprendan a una persona y como son militares y no tienen esa facultad, muchos de los que detengan van a salir bajo el tema de su debido proceso", demandó.

Dijo que son muchas cosas que se debieron analizar y no por un tema político, aprobar una ley.

Además afirmó que todo está mal, ya que la propuesta de ley se envió el 3 de septiembre a la Cámara de Diputados como iniciativa y se publicó el 9 de septiembre: "es decir en 5 días resolvieron un tema demasiado profundo que pues no hubo siquiera consideración de expertos, no se pidió opinión a entidades internacionales en materia de derechos humanos”.

El pasado 10 de octubre fue cuando el Juzgado Noveno de Distrito del Décimo Sexto Circuito en la ciudad de Irapuato, determinó la suspensión provisional a nivel nacional en contra del decreto por el que se incorporará la Guardia Nacional a tareas militares.

"Consiste en que ahorita se suspenden todos los efectos, todas las modificaciones que se hicieron para que se cambiara la Guardia Nacional, se suspenden, es decir que están en un estatus como congelado hasta en tanto no se resuelvan los amparos", informó Joan Ochoa.

Producto de esta resolución, las autoridades que aceptaron legalmente estar a favor de incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, tienen 48 horas para impugnar la suspensión del decreto.

“Nos hicieron saber que a las personas que marcamos como autoridades, tienen 48 horas para rendir su informe, y también tienen su tiempo para que presenten su derecho a impugnar esta suspensión, y esto ya lo recibirá un Juzgado Tribunal Colegiado aquí en Guanajuato.

Las autoridades que estamos poniendo es al Presidente de la República, al Congreso de la Unión, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Guardia Nacional, ellos son los que tienen derecho a impugnar”, manifestó el activista y abogado.

Se han promovido amparos en contra de la militarización:

• Tampico, Tamaulipas
• Tijuana, Baja California
• Morelia, Michoacán
• Mérida, Yucatán
• Ciudad de México
• Puebla, Puebla
• Querétaro, Querétaro
• Guadalajara y Zapopan, Jalisco y
• municipios de Irapuato, Celaya, León y Guanajuato capital.

AM

Por Christian Pérez García

Escrito en Irapuato el 13/10/2022 · 20:59