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Inhabilitan 11 años a servidora pública de Cobaeh por desvío de recursos

El Tribunal de Justicia Administrativa le impuso a Elizabeth Sánchez Tapia una multa económica por 1.4 millones de pesos, que incluye la reparación del daño. 
 

Escrito en Hidalgo el
Inhabilitan 11 años a servidora pública de Cobaeh por desvío de recursos

Por desviar recursos públicos Elizabeth Sánchez Tapia, exjefa de oficina del Colegio de Bachilleres de Hidalgo (Cobaeh), fue inhabilitada por 11 años para ejercer el servicio público, además que mediante sentencia el Tribunal de Justicia Administrativa determinó una sanción económica contra la acusada por un monto de 1.4 millones de pesos. 

La extrabajadora inhabilitada aparece en el Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados de la Secretaría de Contraloría, contra quien se inició un procedimiento de responsabilidad administrativa en 2020 por el desvío de recursos públicos que originó un daño al Cobaeh por 723 mil 510.88 pesos.

Pese a que el procedimiento inició en 2020, en febrero de este año fue la resolución del expediente 36/2020 contra Elizabeth Sánchez a quien se le impuso la inhabilitación para desempeñarse en cargos públicos por 11 años, periodo que comprende del 2 de mayo de 2022 al 2 de mayo de 2033.

Además, de acuerdo con la resolución del Tribunal de Justicia Administrativa, en el expediente antes referido el magistrado titular de la primera sala, Iram Zúñiga Pérez, resolvió que la acusada es responsable de la comisión del desvío de recursos, delito administrativo calificado como grave.

Por tanto, el magistrado titular de la primera sala del Tribunal de Justicia Administrativa le impuso la destitución de su empleo o cargo desempeñado en el Cobaeh, la inhabilitación para desempeñar algún empleo, cargo o comisión de servicio público por 11 años y una sanción económica por 7 mil 800 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

La sanción económica equivale a 750 mil 516 pesos, a los cuales se suma una indemnización por 723 mil 510.88 pesos que servirán para reparar en su totalidad el daño causado al patrimonio del Colegio de Bachilleres de Hidalgo. En total, el monto de la sanción económica a la exservidora pública es de un millón 474 mil 26.88 pesos.

PRIMER SENTENCIA CON RECUPERACIÓN DE ACTIVOS

El secretario de Contraloría, César Roman Mora Velázquez, indicó en entrevista que como parte del combate a la corrupción el actual gobierno estatal es el que más servidores públicos sancionados registra, y sin precisar el número total de amonestaciones, mencionó que la cifra representa 25 por ciento de todas las acciones a nivel nacional.

Destacó que ya registraron la primera sentencia de recuperación de activos, donde no solamente se recuperó el activo, sino que se inhabilitó por 11 años a un servidor público que hizo malos manejos.

"Es la primera sentencia que dicta el Tribunal de Justicia Administrativa de Hidalgo, y ya no se ganó en ninguna instancia federal. Es muy importante porque antes no se daba la recuperación de los activos, es la primera sentencia con recuperación", refirió.

Aunque el funcionario estatal no dio datos del servidor público inhabilitado y con multa económica, el Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados que es de consulta pública en el portal de la dependencia enlista a Sánchez Tapia, quien laboraba en el Cobaeh. 

MÁS DE 629 EMPRESAS SANCIONADAS

Por otra parte, el contralor estatal detalló que en lo que va de la actual administración acumulan más de 629 empresas sancionadas, todas contratistas dedicadas a la rama de la construcción de obra pública.

Adelantó que la próxima semana publicarán la lista de otras empresas que causarán baja del padrón de proveedores y contratistas de la administración pública de Hidalgo; además que están en procedimiento más de 300 empresas que tienen irregularidades en diferentes obras públicas.  

Mora Velázquez detalló que en lo que va del año han revisado domicilios fiscales de los cuales detectaron 181 falsos y registran seis empresas con incumplimiento de contrato, una con documentos apócrifos, 94 con facturas canceladas, 72 compañías con bajas en el padrón de proveedores y dos empresas que no han presentado fianza.

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