Celaya, Guanajuato.- El Ayuntamiento es la máxima representación ciudadana, y la máxima autoridad en el municipio. Es el responsable de la vida de usted y de su patrimonio, sin embargo, los acontecimientos de violencia y delincuencia, crecen y adquieren una dimensión que paraliza la vida cotidiana y económica.

El crimen y la violencia ha desbordado a la autoridad municipal, los hechos criminales son un reflejo de su incapacidad para gobernar. Celaya ya no aguanta la violencia criminal, ni la ineficiencia de las autoridades municipales.

La ruta de la inequidad, las desigualdades, la falta de justicia social y el crimen, están sembrados con la omisión de la ley, la complicidad, la corrupción y la impunidad de la burocracia gobernante. Los delincuentes de cuello blanco de las oficinas, no le piden nada a los comunes y corrientes, son igual o peores, porque su simulación de aplicación de la Ley es mortal y cínica. Tenemos una población en riesgo de exilio.

Y tratándose de mujeres, las cifras del abuso hablan por sí solas. En los últimos cuatro años en Guanajuato se han reportado 4,336 abusos sexuales; 94 feminicidios, ocupando el lugar 16 en todo el país; 1 mil 702 desaparecidos, ocupando el noveno lugar, y 1 de cada cuatro desaparecidos es mujer; se han denunciado 851 casos de acoso sexual, ocupando el octavo lugar; se registraron 39mil 603 eventos de violencia familiar, ocupando el séptimo lugar; se denunciaron 837 hechos de corrupción de menores, ocupando el tercer lugar. Y el silencio de miles de víctimas, crean una cifra negra por la desconfianza en la policía y en los órganos de investigación y procuración de justicia. Los datos están a la vista. Este es uno de los costos de la impunidad.

Tan solo en la última semana, en nuestra ciudad, el 7 de marzo, se reportó la desaparición de un grupo de seis mujeres el mismo día, y en la misma zona: Sandra Daniela Paredes, Paulina Berenice Reséndiz, Yoselin Daniela Zamorano, Mariana Gutiérrez, Rosa María Ramírez y Gabriela Barbosa. Luego dos mujeres más se reportaron desaparecidas, las denuncias en redes sociales, encendieron la alarma en nuestra ciudad. Los medios de comunicación estatales y nacionales dieron cuenta de un evento más de violencia, no sin añadir algunos, la revictimización por el estigma laboral, pero minimizando la dimensión de la tragedia.

Durante una semana la incertidumbre y el miedo fueron ocupando su lugar en los recintos familiares y laborales de toda la ciudad; la idea que se fijaba en la mente, era la vulnerabilidad de la población femenina que sale a trabajar o estudiar. La incertidumbre creció, y el silencio sobre el destino de las 8 mujeres, ya era un presagio de muerte.

A nueve días de la desaparición masiva, nos enteramos “que en el último año tuvimos 76 desapariciones, 44 localizadas, 4 sin vida, y tenemos 28 alertas activas considerando las 6 de la semana pasada”, eso dijo el Coordinador de Derechos Humanos, Hugo Ricárdez Godoy, quien también el año pasado se dio su tiempo para viajar a España a tomar un diplomado que, desde luego, poco ha servido para su trabajo.

A raíz de la denuncia masiva por la lentitud de las investigaciones, en el municipio reaccionaron y anunciaron, que abrirían el viernes 17 de marzo, el “Centro regional de atención integral a víctimas”, para atender “de manera expedita a todas las víctimas indirectas de desapariciones o de la comisión de algún delito, así como a las personas que hayan sido objeto de violaciones en sus derechos humanos”.

Le comento, en Guanajuato existe un procedimiento gubernamental que se llama Protocolo Alba, que “se aplicará en TODOS los casos de Niñas, Adolescentes o Mujeres cuyo paradero o ubicación se desconoce, aunque al inicio no exista sospecha de criminalidad, dado que los momentos inmediatos a la desaparición, son RELEVANTES PARA EL ÉXITO DE LA BÚSQUEDA e investigación”.

Los criterios en los Protocolos de búsqueda de otros estados, y el que dio origen a este mecanismo, a diferencia de Guanajuato, señalan que, “las primeras horas de búsqueda son cruciales PARA ENCONTRAR CON VIDA a las personas y proteger su integridad física y psicológica”. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La vida o la muerte de las personas, así de simple.

Celaya, es una de las ciudades más violentas del mundo, antes fue la primera, y ahora es la sexta, por ello, el criterio de búsqueda debe ser de extrema urgencia, como se atiende a un herido de muerte, consideremos que la proporción de personas no encontradas es del 45% de cada 100 desaparecidos. En un Estado en donde a diario se encuentran cadáveres en fosas clandestinas, no puede haber titubeos para iniciar la búsqueda.

A decir del gobierno de Guanajuato, “el Protocolo ALBA se activa de manera inmediata y sin dilación alguna en el momento que se recibe la información de la Niña, Adolescente o Mujer desaparecida y se elabora el reporte de desaparición a través de cualquiera de los siguientes medios: REDES SOCIALES, REPORTE, DENUNCIA”. Precisamente, por el alto grado de violencia y criminalidad en nuestra ciudad, existen las mesas de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, lo cual supone que la reacción para la búsqueda no tendría problema. Pero no es así, han normalizado las desapariciones, y las han banalizado.

En septiembre del año pasado, recordará usted al grupo jóvenes mujeres que vendían cuchillos casa por casa, 2 fueron asesinadas, y otras 3 fueron secuestradas en la comunidad de Rancho Seco. La búsqueda, al parecer llegó tarde, extraoficialmente la prensa señala que encontraron al día siguiente, a 15 minutos de ese lugar, los cuerpos de 2 chicas de 20 años que pudieron haber sido las secuestradas. El suceso fue opacado por otros más.

El pasado jueves 16 de marzo, a nueve días de la desaparición de las mujeres celayenses, la Fiscalía del Estado, advierte “INDICIOS de que algunas de las seis mujeres desaparecidas en Celaya fueron asesinadas”. Ese mismo día los familiares de las víctimas fueron a la Fiscalía Regional, después de haberse enterado «por redes» sociales de su localización. Nada que ver con la desmedida atención a la clase política, que no está exenta de estas tragedias.

Ese mismo día, pero horas más tarde, fuentes oficiales le informaron a la prensa, “que hasta el momento el perfil genético de 5 de ellas ha sido confirmado con las familias de las desaparecidas”, y añadieron, “se está en espera de más resultados, ya que en la fosa se encontraron varios cuerpos”. La información fue administrada estratégicamente, y hasta el otro día, el jueves por la mañana, se confirmó que encontraron “calcinados los restos de 5 mujeres, y que correspondían al perfil genético de las desaparecidas”. Pero no dieron razón de las otras 2 personas, y las otras 22 que están en el olvido. Tampoco explicaron el motivo de la masacre, por lo que se generó aún más pánico.

Debo terminar de contarle que, en la presentación del proyecto del Centro Integral Regional de Atención a Víctimas, estaban más funcionarios: el Secretario del Ayuntamiento, Jorge Gámez, quien impuso a Jumapa en Rincón de Tamayo, con represión y encarcelamiento de los tamayenses, y por lo que hay quejas en la PGDH, y en la CNDH; y también Isaura Cano, directora del Instituto de la Mujer, quien estrena oficinas en la popular colonia Insurgentes, muy lejos de la presidencia municipal. También estaba un representante de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas.

Precisamente sobre este organismo, el 23 de febrero durante la presentación del Informe de labores del Fiscal Estatal, Carlos Zamarripa, el diputado David Martínez, le preguntó sobre los fondos para procuración de justicia y de víctimas -ambos suman más de 120 millones de pesos-, y denunció que no lo ha ejercido la Fiscalía del Estado, pese a las múltiples carencias que viven víctimas del delito. ¿Qué hay detrás de esta indolencia e inefectividad?

Hoy que escribo estas líneas, no hay noticias de la inauguración del Centro, pero sí de la masacre. La ciudad está consternada, la amenaza de perder la vida está a la vuelta de la esquina, no hay quien la detenga. El dolor que no habla, gime en el corazón hasta que lo rompe, decía Shakespeare; hablemos, gritemos, hagamos, algo porque la ciudad está a punto de romperse.

REVOLCADERO.

La sexta ciudad más violenta del mundo tiene horario para atender las desapariciones; dice Hugo Ricárdez que atenderán de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Si va a desaparecer agende cita, porque en 16 horas, es seguro que termine en una fosa o calcinado. Se busca Presidente municipal.

Por José Luis Ramírez

Escrito en Opinión el 20/3/2023 · 12:35